La gestión ambiental territorial está en cabeza de la autoridad ambiental del Departamento, en nuestro caso la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER; sin embargo cada uno de los Municipios debería ejecutar cada una de las acciones tendientes a desarrollar las actividades de gestión ambiental en sus territorios, desde la planeación, la ejecución y la medición o evaluación de las políticas, programas y proyectos tendientes a proteger el ambiente, el hábitat de los ciudadanos risaraldenses.

La gestión ambiental pública en Colombia está articulada a través del SINA Sistema Nacional Ambiental definido como el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales contenidos en la Constitución Política de Colombia de 1991 y la ley 99 de 1993. El SINA está integrado por el Ministerio de Ambiente, vivienda y desarrollo territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las Entidades Territoriales y los Institutos de Investigación adscritos y vinculados al Ministerio.

De acuerdo a CORTOLIMA, dentro de este esquema organizativo y jerárquico de la gestión ambiental pública en Colombia el Ministerio de Ambiente, vivienda y desarrollo territorial, es el órgano superior encargado de dictar las políticas y normas de mayor nivel y alcance nacional; apoya técnicamente la conformación del SINA y en especial articula y hace el acompañamiento necesario para las Corporaciones Autónomas puedan cumplir su función. Éstas por su parte son las encargadas de articular la gestión ambiental a nivel regional, velar y facilitar las condiciones para que los entes municipales desarrollen las acciones suficientes para garantizar la adecuada gestión ambiental.

Las Corporaciones Autónomas formulan los Planes de Gestión Ambiental Regional PGAR y los Planes Ambientales Trianuales PAT como herramientas de planificación regional, donde se orienta la actuación y la gestión ambiental, ligando la problemática de los municipios con las directrices ambientales para el orden regional; definen las determinantes ambientales a considerar por los municipios en sus planes de ordenamiento territorial, así como los planes de acción regional que comprenden un conjunto de programas, proyectos y actuaciones, algunos de carácter macro y otros que atienden temas específicos, orientados a abordar la problemática ambiental regional.

La propuesta organizacional SIGAM como sistema integrado de gestión ambiental, hace énfasis en la coherencia que debe existir entre los distintos planes enunciados: coherencia desde la formulación de los objetivos y políticas ambientales, hasta la definición de programas y proyectos y la respectiva asignación de recursos. Las prioridades ambientales y los recursos destinados a su atención deben ser consecuentes y tener su clara representación en la agenda ambiental local y su respectivo plan operativo.

Por su parte la investigación y la obtención de datos para el establecimiento  y medición de indicadores ambientales para Colombia esta cargo de los institutos de investigación como el Ideam, instituto de investigaciones marinas y costeras, instituto amazónico y el del Pacífico.

Sobre los municipios prácticamente recae la responsabilidad operativa del SINA, para lo cual cuentan con herramientas o instrumentos de planeación como los Planes, Planes básicos y Esquemas de Ordenamiento Territorial (POT) según cada caso, que integra la distribución de los usos del suelo, planifica el crecimiento y desarrollo territorial y articula económica, ambiental y socialmente el suelo con las actividades del municipio y sus habitantes; Los planes de desarrollo, en los cuales están consignadas las políticas, estrategias programas y proyectos que durante cada mandato un alcalde propone a mediano y corto plazo para alcanzar los objetivos y metas propuestas a largo plazo en planes municipales como el POT y en las directrices de planificación que el municipio se han trazado.

En el campo ambiental específicamente los municipios cuentan con Agendas Ambientales, herramientas de planificación local que orientan el desarrollo territorial desde la perspectiva ambiental, de conformidad con las propuestas de desarrollo y de ordenamiento territorial y tienen por objeto fortalecer la gestión ambiental municipal, conocer el estado del ambiente en el municipio (urbano y rural), y desarrollar procedimientos políticos y administrativos apropiados tendientes al cuidado, conservación y mejoramiento de la oferta ambiental, o a la prevención o solución de la problemática ambiental municipal.

Las herramientas técnicas que sirven como elementos de apoyo al SINA y en especial a las organizaciones que lo conforman y los hacen operativo en sus etapas de planificación, formulación, ejecución, seguimiento, control, monitoreo y evaluación de su gestión ambiental son las auditorías ambientales, participación y veeduría ciudadana, las redes de monitoreo, los sistemas de información como los  SIG y los observatorios ambientales que permiten obtener, mantener y evaluar indicadores ambientales para evaluar la gestión de cada uno de los estamentos del SINA.

El día 5 de febrero de 2008, como ya es habitual en la ciudad de Bogotá gracias al mandato popular que desde hace diez años obliga a que el primer jueves del mes de febrero de todos los años se haga una jornada de restricción de la movilización de vehículos particulares en la ciudad denominada "Día sin carro", donde  la contaminación de la capital colombiana disminuyó en un 51 % según las cifras de la secretaría distrital de ambiente y publicadas por el diario el tiempo.  

De igual manera y como ya es común en casi todas las capitales del país incluyendo nuestra capital Pereira, existe una medida que restringe la circulación de vehículos particulares y de servicio público, uno, dos y hasta tres días a la semana en unos horarios específicos o durante todo el día, buscando aliviar el tráfico de las ciudades, incentivando el uso de transportes masivos y en especial buscando aliviar la cantidad de contaminantes como monóxido y dióxido de carbono y el material particulado que día tras día los vehículos aportan a la atmosfera del planeta y que son los causantes del famoso problema de calentamiento global y de enfermedades respiratorias en especial en la población infantil del mundo entero.

Es una necesidad mundial apoyar este tipo de medidas que aportan al mejoramiento de las condiciones de vida de las ciudades; si el deseo principal es el de mejorar la movilidad de las ciudades, aliviar el tráfico diario e incentivar el uso de medios alternativos de transporte como los sistemas masivos tipo metro o bus articulado, dichas medidas son excelentes y deberán ser apoyadas y acatadas por todos; pero si el objetivo es el de mejorar las condiciones ambientales, las medidas no dejan de ser parciales y el mundo científico y tecnológico deberá volcarse a encontrar mejores vehículos y combustibles, más limpios y sobre todo eficientes que permitan no solo disminuir en un 51 % la contaminación de un día sino en un 100% la de todos los días.  

Con la cumbre se posibilitó una visión más amplia sobre la problemática ambiental al reunirse cerca de 200 países a conversar sobre el ambiente y lograr el interés común de la humanidad de asegurar su supervivencia y sentar las bases de la esperanza para generar una conciencia ambiental mundial y a su vez lograr el compromiso y la responsabilidad ambiental tanto de las personas, como de las instituciones y de las empresas con el propósito común de mejorar las condiciones de uso de los recursos naturales y los ecosistemas.

La Constitución Política de Colombia expedida en 1991, fue el paso más importante que en materia de legislación y política ambiental ha dado el país pues la protección ambiental fue redimensionada y el ambiente se elevó a la categoría de derecho colectivo dotando de mecanismos de protección ciudadana como las acciones populares o de grupo y del uso de las acciones de tutela y de cumplimiento para temas ambientales.

En 1993 se da un segundo gran paso con la expedición de la Ley 99, mediante la cual se conformó el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y se creó el Ministerio del Medio Ambiente como su ente rector, ente que hoy día ha sido transformado en Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y que como gran objetivo para la política ambiental del país ha sido encomendado desde su creación para transformar el sistema ambiental nacional en un estamento participativo, sistemático, descentralizado, multiétnico y pluricultural.

Cuando se habla de Sistema Nacional Ambiental (SINA) se habla del conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales, contenidos en la Constitución Política de Colombia de 1991 y en la ley 99 de 1993. Está integrado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las entidades territoriales y sus unidades ambientales, organismos de control, Institutos descentralizados de investigación e información, sistema de parques naturales, algunos gremios y organizaciones no gubernamentales; La política ambiental se expide en Colombia cada cuatro años, desde 1974, y está contenida en los planes nacionales de desarrollo de los respectivos gobiernos dando continuidad a los programas y proyectos base de la nación y las instituciones.

A la fecha, existen innumerables leyes, decretos y resoluciones que han profundizado en materia ambiental cada uno de los componentes del amplio espectro de la gestión ambiental colombiana y que amplían el campo de acción del SINA generando cada vez más la necesidad de que los procesos productivos del país y la población en general se adapten y adopten una conciencia ambiental que permitirá encontrar el equilibrio entre producción, desarrollo y ambiente.

El ambiente es un sistema frágil, un ecosistema posee unas características, unos componentes específicos y unas interacciones que comparados con la analogía de Capra, vendrían cumpliendo con el papel de hilos o tramas que pueden ser fácilmente afectadas cambiando a su vez todo el ecosistema.

El concepto de ambiente para el ser humano por mucho tiempo ha sido el de abastecedor de recursos como vivienda, alimento, materias primas, energía, insumos y demás, en los cuales la humanidad ha basado su desarrollo y que en el tiempo y teniendo en cuenta el acelerado afán de desarrollo basado en la producción, el comercio y la industrialización y por la competencia por el dinero que ello genera, se ha dejado de lado el poder del ambiente o del ecosistema para auto regenerarse y mucho menos se ha pensado en cómo ayudar a potencializar dicha regeneración, finalmente causando un agotamiento de los recursos y del ambiente; Las acciones humanas afectan de manera ostensible a los ecosistemas, modificando incluso la evolución del planeta.

Los estudios ambientales que pretenden pronosticas o anticipar las afectaciones positivas y negativas que cualquier intervención que se haga sobre el ecosistema son conocidos como Estudios o Evaluaciones de Impacto Ambiental que en Colombia son obligatorios para la obtención de licencias ambientales de los proyectos que como se mencionaba anteriormente tengan una intervención directa sobre un ecosistema.

Las Evaluaciones de Impacto Ambiental y la formulación de los planes de manejo ambiental que se desprenden de estas, tiene por objeto establecer un equilibrio entre el desarrollo de la actividad humana y el ambiente sin convertirse en una figura obstruccionista al desarrollo pero tampoco permitir la sobre explotación del ambiente.

Las Evaluaciones de Impacto Ambiental, están plenamente admitidas como instrumentos de planificación y prevención para la preservación de los recursos naturales y la protección del ambiente a través de un proceso de análisis mediante el que se integra el ecosistema y el objeto del proyecto a ejecutar, buscando un beneficio tanto para uno como para el otro, reflejado en ahorro de inversiones, costos de obra, diseños mejorados e integrados con el entorno y el parecer de la comunidad y las necesidades sociales de su zona de influencia. Los estudios de Impacto Ambiental son una herramienta para la toma de decisiones sobre una actuación determinada.

No existen formulas concretas o rígidas para la elaboración de estudios o evaluaciones de Impacto Ambiental, pues cada situación, cada ecosistema y cada proyecto posee sus características y variables propias. Sin embargo, cada país ha generado una serie de guías metodológicas por sectores productivos o tipos de proyectos que dictan unos parámetros para elaborar y presentar tanto las evaluaciones como los planes de manejo que son finalmente la propuesta para la ejecución del proyecto y de las medidas que evitarán una intervención agresiva contra el ecosistema a intervenir. Son las autoridades ambientales, en este caso las Corporaciones Autónomas Regionales y en caso de macroproyectos o proyectos con grandes impactos el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial quienes revisarán, aceptarán y expedirán las respectivas licencias ambientales que darán viabilidad a la ejecución de los proyectos y son éstas entidades las encargadas de velar por la ejecución adecuada de lo planeado en los estudios

En Colombia 12,9 Millones de personas, cerca del 25 % de la población no tiene acceso al agua potable y el 30% de la población está expuesta a enfermedades como consecuencia de la mala calidad del agua, según la Defensoría del Pueblo. La falta de acceso al agua y las altas tarifas son una de las causas del empobrecimiento creciente de la población colombiana y uno de los factores que impiden a los pobres superar esta inhumana situación.

Según Proexport Colombia, el 24 % de la población colombiana no posee acceso a servicios sanitarios en especial a redes de alcantarillado adecuadas lo que supone no solo una amenaza para la salud y sanidad humana sino también la contaminación y afectación ambiental de los ecosistemas receptores de las aguas residuales domésticas de las comunidades en cuestión.

El Gobierno Colombiano avanza en la implementación de proyectos consolidados de inversión con el objeto de aumentar y/o mejorar la infraestructura actual tanto de acueductos como alcantarillado para los entes territoriales del país a través de los planes departamentales de agua con la esperanza de que de esta manera podría ampliarse el acceso al agua a la población que no puede acceder a este bien esencial para la vida y que se lograrán consolidar los sistemas de transporte y tratamiento de aguas residuales adecuados para evitar problemas de salud pública y contaminación de suelo y fuentes hídricas receptoras de dichas aguas.

El problema en mención obliga a los profesionales del ramo, las empresas consultoras y constructoras del ramo, las instituciones de educación superior y a los centros de investigación a generar propuestas que a través de los recursos sociales, políticos y humanos que se supone generan los planes departamentales de agua como herramienta actual para alcanzar las metas adoptadas por el gobierno colombiano como integrante de la ONU, organización que ha estimado y ha comprometido a los países que la conforman a garantizar el acceso universal al agua potable y los servicios sanitarios al cien por ciento de la población mundial a través de la adopción de las metas del milenio.

Las propuestas deberán contener la adopción de las tecnologías apropiadas, es decir que económica, técnica y ambientalmente sean las mejores garantizando no solo que los proyectos de inversión pública que se generarán desde los planes departamentales de agua no solo cumplan con la meta de cobertura, sino también con las metas de entregar calidad adecuada de dichos servicios a la población colombiana, garantizar la preservación del ambiente y lo más importante, que los recursos públicos finalmente alcancen para cumplir con las metas mencionadas anteriormente y no se queden solo en proyectos por ejecutar o construcciones a medias.

INGETERRA LTDA partició como empresa consultora y asesora en la consolidación del diagn´sotico para la formulación del Plan Departamental de Aguas de Meta.  Dicha consultoria arrojó importantes conclusiones que permitirán a los dirigentes e instituciones involucradas en el tema dentro del departamtneo, tomar las decisiones y planificar de una mejor manera la ejecución de las obras e inversiones del  plan.

Un sonido molesto o un ruido excesivo puede producir efectos nocivos fisiológicos y psicológicos para una persona o grupo de personas como efectos sobre el sueño, la conducta, la memoria, problemas en el embarazo y sobre los niños, stress y por supuesto pérdida del sentido auditivo.

La resolución 0627 de abril de 2006 establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental para Colombia, así como los procedimientos para su medición; sin embargo se ha abierto una gran controversia en torno a los requerimientos técnicos exigidos y a el costo que implican las mediciones tal y como se exige en dicha norma, pues los equipos y el personal técnico especializado en dicho proceso es escaso aún en Colombia y en especial dentro de las instituciones públicas encargadas de controlar el tema en nuestro país.

Todos los esfuerzos que se hagan en este sentido, van en la vía de favorecer la salud y el bienestar de los colombianos, se espera entonces que la normatividad actual y los sucesos repetitivos y quejas constantes que se mencionaban anteriormente, tengan por fin el efecto suficiente para que el gobierno nacional y los gobiernos locales pongan en cintura de una buena vez a los bullosos colombianos.

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